JUAN LARROSA
Sección: Sistema autorreferencial
El “Jefe” Diego y el carácter público de la información
Transmitido: lunes 24 mayo 2010

El secuestro o desaparición de Diego Fernández de Cevallos es uno de los temas más importantes de la agenda pública mexicana. A él se agrega el famoso y banal caso Paulette, la visita de Estado que el presidente Calderón hizo a Estados Unidos o el inagotable ítem de la lucha contra el narcotráfico. El caso del “Jefe” Diego es relevante por diversas razones, muchas de ellas diluidas por las contradicciones informativas a las que el caso se ha visto sometido. Es importante porque este político fue un candidato a la presidencia de la República en los años noventa, por haber sido un Senador con gran poder y por tener uno de los despachos jurídicos más prestigiosos, y polémicos, del país. Además, podríamos mencionar que gracias a la influencia de Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont y Alfredo Chávez Chávez ocupan importantes puestos del gobierno federal. Me parece que estas evidencias son suficientes para demostrar que el caso de la desaparición de este político panista, tiene una gran relevancia pública.

Este tema ha sido objeto de diversos debates y uno de ellos tiene que ver, una vez más, sobre el tratamiento que los medios de comunicación le han dado. La polémica aumentó cuando Grupo Televisa, en voz del periodista Joaquín López Dóriga, comunicó a su auditorio que dejaría de abordar el tema del secuestro por una petición directa de la familia Fernández de Cevallos.

Esta decisión, evidentemente generó grandes controversias. Hubo quienes, como Carmen Aristegui, denominaron a este mensaje bajo el mote de “autocensura”, otros, como Javier Solórzano se manifestaron abiertamente en desacuerdo con esta decisión, pues atenta contra la libertad de información de los mexicanos; otros, más cautelosos, como Raúl Trejo Delarbre, señalaron que es mejor callar cuando no hay información, a realizar un trabajo periodístico de poca calidad. En otra esquina, también se ventilaron las reacciones de periodistas que trabajan en Televisa, como Carlos Loret de Mola, quien en su columna del 19 de mayo publicada en El Universal, intentó explicar las razones que subyacen a esta decisión tan polémica; horas más tarde, Marco Levario Tourcott, director de la revista etcétera escribió una lánguida réplica al conductor de “Primero Noticias”.

El debate que generó la decisión de Televisa de eliminar de su agenda informativa el caso del “Jefe” Diego es de vital importancia. Coincido en el tema de la autocensura, sobre todo en el contexto político y social en el que vivimos gracias a la “guerra contra el narcotráfico”: el caso de Diego Fernández coloca a la estabilidad del país en un hilo y la idea de callar y de no pronunciarse sobre él, es tanto como tapar el sol con un dedo. También coincido con la idea de que esta decisión atenta contra el derecho a la información de millones de mexicanos que (se) consumen (en) este telediario. Sin embargo también estoy de acuerdo con Raúl Trejo: es sensato callar cuando no hay información, de lo contrario estaremos ante programas televisivos que durante una hora repiten y reciclan las mismas informaciones e imágenes y dan pie para que ese vacío informativo se inunde de trascendidos y especulaciones. Es más, incluso estoy de acuerdo con Loret de Mola cuando dice que: “Lo diferente ahora, en todo caso, es que por tratarse del secuestro de más alto impacto en el último siglo, se informa públicamente de una decisión editorial, lo cual abona en la transparencia de la relación entre un medio y su audiencia”. Aplaudo la idea de transparentar sus decisiones editoriales, no obstante, el gran tema es que es la primera vez que llevan a cabo este proceso. (Por ejemplo: ¿quién explica por qué Televisa privilegió promocionar y transmitir el último partido de América –Chivas, a informar sobre los daños que causaron los terremotos en el norte del país?).

Sin embargo, el tema, me parece, tiene que llegar a otro terreno de discusión. Estamos tan acostumbrados a nuestro sistema mediático, que pareciera que vamos andando como los caballos que tiran de las calandrias y que llevan sus ojos parcialmente cubiertos. La decisión de Televisa de clausurar la posibilidad de informar sobre el caso de Diego Fernández de Cevallos es una evidencia de que el concepto de comunicación pública está completamente diluido en el trabajo de los medios de comunicación. Para el caso, me gustaría citar un artículo de un filósofo español y estudioso de la comunicación, Manuel Martín Serrano, titulado “La comunicación pública y la supervivencia”. En su texto, Martín Serrano puntualiza que: “La comunicación pública proporciona información de intereses compartidos de una comunidad y que en buena medida está destinada a la perpetuación de la comunidad”. En otras palabras nos dice que a través de la comunicación pública, en las sociedades tradicionales y modernas, nos informamos sobre cuestiones fundamentales para que la organización social siga su curso. El problema al que nos enfrentamos según Martín Serrano es que: “los Estados tienen a transferir al denominado ‘sector privado’ la gestión de muchas actividades de la reproducción social”, entre ellas, el manejo de la comunicación pública.

Las ideas anteriores no necesariamente implican que los Estados deban ejercer el monopolio de esta comunicación pública, pues sabemos, por diversas experiencias, que esto puede desembocar en un gran control autoritario. Sin embargo es urgente que se discuta la actuación de las empresas privadas que gestionan esta comunicación pública. Si esta discusión no se da en una sociedad, entonces seguiremos observando noticias que no tienen un interés público y sí comercial, como la cobertura del caso Paulette, y también las decisiones unilaterales de cancelar el flujo informativo de una noticia tan relevante como el secuestro de un político mexicano, en un contexto nacional de alta inestabilidad en temas de seguridad pública.

El fondo de esta discusión es entender quién toma la decisión de qué es lo que debe informarse en una sociedad que vive supuestamente en un contexto democrático. Si hemos decidido colectivamente que empresas privadas sean las reproductoras de la comunicación pública, debemos generar un diálogo social que nos lleve a encontrar los mecanismos para que sus decisiones informativas y editoriales se establezcan sí, en un marco comercial, pero siempre supeditadas al interés público. Estos cambios tomarán forma el día en que las audiencias asumamos nuestro derecho de exigir otro sistema de comunicación y mejores contenidos de los medios de comunicación.

Juan Larrosa es Coordinador general de “Quid: observatorio de medios”
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